(Fotos de Wirikuta/Real de Catorce cortesía de Lucy Nieto, via Flickr Creative Commons)
POR TUNUARY Y CRISTIAN CHÁVEZ
Una serie de acontecimientos en los últimos meses han hecho que la atención internacional por parte de organismos civiles de derechos humanos, la propia Comisión Nacional, académicos y los pueblos miembros del Congreso Nacional Indígena, volteen a ver con preocupación la situación de hostigamiento y destrucción que se ha tendido sobre las culturas originarias de los pueblos indígenas, sobre sus tradiciones ancestrales y sobre sus sitios sagrados. Ocurre en todo el país y de manera sobresaliente hacia el pueblo wixárika (huichol), que ha denunciado una serie de ataques hacia ese “otro” territorio fundamental que es el espiritual y que da sentido a todos los tejidos que definen su organización social y política interna, su relación con el medio ambiente y con otros pueblos.
Es un territorio grande, que va desde el mar hasta el desierto en San Luis Potosí, donde un grupo de jicareros de la comunidad wixárika de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán fueron hostigados por policías municipales de Estación Catorce y por policías estatales mientras realizaban antiguos rituales en el ejido de Las Margaritas, lo que fue calificado por el Congreso Nacional Indígena como “una agresión contra todos los pueblos”, pues la agresión fue contra algo muy fundamental, que es el espíritu colectivo de un pueblo.
Sin embargo, este hostigamiento no es nuevo, desde hace ya seis años se hicieron públicas las intenciones del gobierno de San Luis Potosí, mediante sus planes de desarrollo, de generar corredores de producción minera, agroindustrial y maquiladora. Megaproyectos que afectan completamente la peregrinación por los sitios sagrados del desierto potosino. Paralelamente se emprendió una campaña de criminalización y regulación de la práctica milenaria de recolección de híkuri (peyote).
La desintegración de la propiedad colectiva de la tierra mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) jugó un papel fundamental en este despojo para poner en manos de empresas multinacionales enormes superficies de esta gran planicie para que sean destinadas a la producción agroindustrial, que por las condiciones climáticas, así como por la pobreza de los suelos, se requiere de un uso desmedido de agroquímicos y la sobreexplotación de los mantos acuíferos.
Hace unos días se dio a conocer una nueva amenaza al territorio ancestral de Wirikuta, también conocido como Real de Catorce, se trata de un documento que dio a conocer la trasnacional Micon International Limited, quien publicara los resultados de la exploración minera que realiza desde julio de 2007 para Norvec, otra trasnacional minera de origen canadiense que cuenta con 22 concesiones mineras contiguas una de otra y suman 6,326.58 ha (traducción de Diana Negrin del Informe de Micon International) en donde el centro geográfico de las concesiones es el Cerro del Quemado o Leunar, lugar que de acuerdo a la cosmovisión wixárika, ahí nació el Sol en los tiempos primeros, donde los antepasados caminaron creando el mundo y, hoy en día, año con año, las comunidades wixárika peregrinan recreando ese antiguo caminar.
El pasado 14 de septiembre de 2009, los derechos de las 22 concesiones pertenecientes a Norvec fueron compradas por una trasnacional aún mayor, First Majestic Silver Corp quien busca el monopolio de la producción de plata en México. En la actualidad First Majestic es propietario de tres minas de plata que operan en México, La Encantada, La Parrilla, la mina de San Martín Silver Mines, así como un proyecto conocido como la mina de plata del Toro, y hoy está dispuesta a explotar los más de 13 millones de onzas de plata del distrito minero de Real de Catorce.
En una actitud completamente irresponsable, y dejando de lado los decretos como Área Natural Protegida y Patrimonio Histórico y Cultural con los que cuenta la zona sagrada, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Comisión Nacional del Agua, han otorgado permisos a la empresa minera para viabilizar su operación y han prometido el pago de 7 mil 500 dólares anuales a ejidos y comunidades para acceder a sus territorios colectivos.
Se trata de una amenaza mayúscula al medio ambiente y a las prácticas culturales del principal pueblo indígena de México, pues entre otras cosas, el método de explotación proyectado es el denominado “a cielo abierto”, en el que no se perforan socavones, sino que se dinamita la superficie destruyendo cerros completos para después lavar los minerales.
Mientras esto sucede, se sigue restringiendo y reprimiendo la peregrinación wixárika argumentando “cuotas de extracción”, siguen operando con absoluta impunidad los traficantes de peyote en grandes cantidades para el procesamiento de la droga conocida como “mescalina”, con la complicidad activa u omisa de las autoridades gubernamentales, que mantienen mediáticamente una supuesta guerra en contra de la delincuencia organizada, que es en realidad una guerra contra los pueblos, militarizando y paramilitarizando todo el país.
Como parte de esa “preocupación” por parte del gobierno ante la delincuencia, se generan situaciones como la que denunció la comunidad wixárika autónoma de Bancos de San Hipólito, Durango, por el hostigamiento por parte de elementos del Ejército Mexicano a su práctica ceremonial de la cacería del venado, elemento religioso imprescindible, mediante el decomiso de armas de bajo calibre que siempre han sido usadas con ese fin.
Qué decir de la destrucción del sitio sagrado conocido como Paso del Oso, por el ilegal intento de imposición del proyecto carretero Amatitán-Bolaños-Huejuquilla en Jalisco, y que hoy sigue detenida mediante procesos legales y fuertes movilizaciones de la comunidad wixárika de Tuapurie.
El despojo se viste de colores muy agresivos, por una parte se ejerce una presión sin precedentes para la implementación de megaproyectos multinacionales mediante planes de desarrollo y ordenamientos territoriales; por otra parte se intensifica la agresión violenta de grupos paramilitares y narcoparamilitares (con la protección de los órganos estatales) y por otra parte se atenta contra lo que ha mantenido la identidad indígena durante miles de años, que es la tradición, los sitios sagrados y las prácticas tradicionales.
Quizá es porque el poder capitalista mundial sabe que si el 80 por ciento de los recursos naturales, necesarios para la industrialización global, los tienen los pueblos indígenas, es porque son uno solo con la naturaleza, con el universo. Y por lo tanto esa certidumbre es la que hay que destruir y hacerla estrategia oficial.
tunuaryycristian@yahoo.com.mx
